- En el curso 2024/25 había 82.688 jóvenes entre 16 y 18 años en situación de pobreza pero sólo 41.507 recibieron beca para estudiar en la postobligatoria.
- En Cataluña la inversión en becas en el estudio representa un 1% del presupuesto de Educación, está por debajo de la media estatal (1,7%) y muy por debajo de Andalucía (2,9%), Madrid (2,5%) o Extremadura (2,3%), con datos de 2024.
- La Encuesta de Condiciones de Vida confirma que el abandono escolar del alumnado pobre (25,3%) multiplica por 7 el del rico (3,8%). Los países que más invierten en becas tienen menos abandono porque las becas minimizan el coste de seguir estudiando y permiten a los jóvenes con menos recursos concentrarse en progresar académicamente.
- Desde el 1 de enero, además de recibir los recursos económicos del Estado como hasta ahora, la Generalitat tiene transferidas las competencias para gestionar las becas para estudiar en la postobligatoria y decidir los importes y criterios de acceso.
- Hay que modificar el baremo estatal de asignación de becas, que deja fuera a miles de catalanes en situación de pobreza, y ampliar los importes y la cobertura para adecuarlos a la realidad y el coste de la vida catalana.
- La Fundación Bofill pide a la Generalitat que aproveche las competencias para impulsar una política de ayudas que garantice beca a todos los estudiantes de Bachillerato, Ciclos de Grado Medio y PFI en riesgo de pobreza antes del 2028.
El 1 de enero de 2026 se hizo efectivo el traspaso de la gestión de las becas educativas del Estado a la Generalitat. La competencia en la gestión es una oportunidad inmejorable para que Cataluña tenga una política potente y útil de becas para estudiar, que haga frente al Abandono Escolar Prematuro (AEP).
En Cataluña existe un 13,5% de AEP (jóvenes entre 18 y 24 años que no estudian y no tienen ninguna titulación por encima de la ESO). Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida demuestran que este abandono está estrechamente vinculado a la economía de las familias. Mientras que en los hogares con mayores ingresos hay un abandono escolar del 3,8%, en los de menores ingresos abandonan el 25,3% de los jóvenes, casi siete veces más.
Las becas para estudiar en la postobligatoria consiguen dos objetivos educativos importantes, indispensables para garantizar que los jóvenes sigan estudiando y que difícilmente se pueden asegurar por otras vías:
Por un lado, cubren los costes directos de la escolarización (tasas, material, equipamiento, actividades complementarias, etc.), unos costes que además se incrementan en la etapa postobligatoria. Por otra parte, aligeran la presión añadida que sufren las familias con menos recursos al final de la educación obligatoria. Disponer de unos ingresos les permiten realizar una apuesta decidida para que sus hijos sigan estudiando.
Así, las becas educativas evidentemente no están pensadas para resolver la pobreza familiar, que se puede afrontar con las rentas garantizadas o las ayudas por crianza, pero en cambio son indispensables para legitimar el oficio de estudiar en familias en las que a menudo no hay referentes o en las que es más fácil que sus jóvenes se marchen del sistema educativo.
Además de ser una herramienta imprescindible para alargar las trayectorias educativas y reducir el abandono escolar, las becas permiten a los jóvenes concentrarse en los estudios y mejorar sus oportunidades de éxito académico. Cabe recordar que tener más o menos renta familiar repercute cada vez más en los resultados (las diferencias en matemáticas entre los jóvenes de mayor y menor renta se amplió un 18% entre 2018 y 2022, según PISA). Todo explica que los países y regiones que más invierten en becas no universitarias tengan menos abandono y mejores niveles de aprendizaje en la educación secundaria.
"Si queremos más competencias es para que el país sea más competente", ha expresado el director de la Fundación Bofill, Ismael Palacín. "El talento y el esfuerzo cuentan, pero los ingresos de la familia aún más como demuestra que el abandono escolar prematuro de las familias con menos recursos multiplica por siete la de más recursos". “Hacer gestión también es hacer política porque implica fijarse objetivos y formas de conseguirlo".
"Acabémonos de creer que las becas son un instrumento de política educativa para alargar las trayectorias educativas", ha pedido el jefe de proyectos de la Fundación Bofill, experto en políticas educativas, Miquel Àngel Alegre, porque "en un contexto como el catalán están llamadas a serlo aún más". "Ponemos las políticas de becas en el top tres de las políticas para reducir el abandono escolar prematuro".
En Cataluña la política de becas es residual
A pesar de la relación que existe entre las ayudas al estudio y la continuidad educativa, en Cataluña la política de becas para estudiar Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) o Programas de Formación e Inserción (PFI) es residual.
Con datos de 2024, representa un 1% del presupuesto de Educación, por debajo de la media estatal (1,7%) y muy por debajo de comunidades como Andalucía (2,9%), Madrid (2,5%) o Extremadura (2,3%).
El sistema actual de becas para los estudios secundarios postobligatorios cubre sólo el 15% de los jóvenes catalanes de entre 16 y 18 años, la edad habitual en esta escolarización, mientras que los jóvenes en situación de pobreza alcanzan el 30%. Más concretamente, mientras que en el curso 2024/25 había 82.688 jóvenes entre 16 y 18 años en situación de pobreza, 41.507 recibieron beca y 41.181 no percibieron ninguna por estudiar en la postobligatoria, prácticamente la mitad.
Además de una inversión insuficiente, el modelo actual, basado en criterios e importes estatales, no se ajusta al coste de la vida ni a la situación social de Cataluña, deja fuera a muchos jóvenes vulnerables. Debemos tener en cuenta que 16.200 jóvenes que son pobres en Cataluña caen de la categoría de riesgo de pobreza y de las ayudas que puede comportar. Esto hace necesaria una política de becas definida desde el país.
A este contexto se suma el Non-Take-UP (NTU), el fenómeno que hace que un grueso importante de personas que tienen derecho a una ayuda no lo acaben solicitando por desconocimiento, brecha digital, falta de claridad o trabas burocráticas de todo tipo. En algunas ayudas sociales alcanza el 40%.
Además, el Plan de Acción contra el abandono presentado por el Departamento de Educación en otoño no concreta cómo sería ningún sistema de becas y se centra en acciones divulgativas y de comunicación.
Cataluña ya puede tener una política de becas ajustada a su realidad
Con el traspaso de la gestión, desde este enero la Generalitat tiene la capacidad de establecer los importes de la beca y los criterios para acceder a ella, además de poderlas complementar y conectar con otras políticas de continuidad formativa, comunitarias o de orientación.
La Fundación Bofill recuerda que gestionar una ayuda no es una cuestión administrativa sino política, porque implica intencionalidad y objetivos. Así, recuerda a la Generalitat que con el traspaso del Estado, el Departamento de Educación ya dispone de todas las herramientas para activar una política efectiva de becas por la postobligatoria ajustada a su contexto social.
En este sentido, la Fundació Bofill pide al Departamento de Educación que el traspaso vaya acompañado de un incremento del presupuesto para hacerlo posible. La entidad calcula, siguiendo los datos del último curso escolar, que para garantizar una beca básica a los jóvenes en situación de pobreza Educación debería añadir 134 millones de euros a los 77 que recibe del ministerio de educación. Una inversión plausible para alcanzarla progresivamente en los años que quedan de legislatura.
Un paso inmediato: Propuesta básica de becas en la postobligatoria
El traspaso de la gestión de becas debe permitir una mejora progresiva de la cobertura, el importe y la accesibilidad de las ayudas para estudiar Bachillerato, CFGM y PFI para que antes de terminar la actual legislatura, en el año 2028, garantice:
- La cobertura de los 58.475 alumnos en situación de pobreza que están estudiando secundaria postobligatoria y PFI: En primer lugar, es indispensable ampliar la cobertura de becas para que pueda llegar a todo el alumnado de postobligatoria en situación de pobreza. Actualmente cubren el 19,9% de estos jóvenes, mientras que en Cataluña representan el 30% del total.
- Un acceso y un importe de la beca adecuados a la realidad catalana: Adaptar tanto los umbrales de renta por la asignación, que actualmente parte del baremo estatal, como su importe. En la propuesta Beca + Secundaria la Fundación Bofill establece umbrales en base a los ingresos y los miembros del hogar. Actualizados a 2025 y para el alumnado en edad de cursar Bachillerato, CFGM y PFI comportaría:
- Umbral 1: 4.000 € anuales para los jóvenes en situación de pobreza, de familias con rentas que están por debajo de los 12.846 € a los 26.210 € anuales (en función de los miembros del hogar). Representaría 2.000€ más de lo que ingresan actualmente con la beca básica del ministerio de educación.
- Umbral 2: 3.000 € anuales para los jóvenes en situación de pobreza, de familias con rentas que están por encima del umbral 1 y por debajo de los 18.186 a los 37.249 € (en función de los miembros del hogar). Representaría entre 1.000€ y 2.500€ más de lo que ingresan actualmente con la beca básica del ministerio de educación.
Propuesta de umbrales de acceso a la beca de postobligatoria
Así, un joven estudiante de una familia de dos adultos y dos niños que no supera los 20.756 € de renta anual percibiría 4.000 € al año por hacer Bachillerato, CFGM o PFI. Si la renta estuviera entre los 20.756 € y los 29.393 €, ingresaría 3.000 €.
- Que todo el mundo que puede recibir la ayuda acceda: Superar los obstáculos de desconocimiento, brecha digital, falta de claridad o trabas burocráticas que dificultan el acceso a las ayudas de las personas que tienen derecho (el fenómeno del Non-Take-Up). Con un procedimiento sencillo, que solicite el mínimo de datos a familias y jóvenes y deje en manos de la administración todas las que ya tiene disponibles.
La propuesta Beca + Secundaria prevé la centralización del proceso por parte de Educación (que puede contemplar otras ayudas aparte de las del ministerio y ocuparse automáticamente de la renovación), una fase informativa dirigida específicamente a la población en edad y situación de recibir la beca, una ventanilla única (solicitar la ayuda para la consulta y el consentimiento a la administración para que consulte los datos económmicos de la familia en una única web).
Para garantizar estos tres aspectos, el Departamento de Educación y Formación Profesional debería añadir 134 millones de euros a la transferencia de fondos que recibe del ministerio.
Siguientes pasos: una política sólida desde 4º de ESO antes de 2032
Una política básica de becas para estudiar en la postobligatoria debe poder convertirse en el punto de partida para una política de becas más amplia que no sólo rompa la barrera económica sino también la de acompañamiento.
Así, una política estructurada de becas debería permitir, a partir de 2028 ya lo largo de la próxima legislatura, fijarse objetivos para estar preparados para un escenario de total continuidad educativa después de la ESO y para que todos los jóvenes en situación de pobreza, estén o no estudiando, reciban una beca.
Por ello, además de modular las asignaciones económicas para garantizar costes directos (material, salidas o actividades complementarias) e indirectas (comedor y transporte), debería dar un salto para cubrir el coste de oportunidad (el salario no percibido a partir de los 16 años por estar estudiando) y vincularse a programas de orientación.
- Ampliar la cobertura para que todos los jóvenes en riesgo de pobreza puedan acceder a ellas: Que la política de becas contemple a todos los jóvenes en edad de cursar la postobligatoria en situación de pobreza, no sólo los que están estudiando. Es decir, contemplar un escenario en el que todos los jóvenes cursan estudios postobligatorios y en el que los jóvenes en riesgo de pobreza (actualmente el 30%) disponen de una auténtica beca en el estudio. (La actual beca postobligatoria cubre sólo un 15% del total de jóvenes en riesgo de pobreza). Este escenario supondría otros 97 millones de euros (96.892.145 €).
- Contemplar becas en el estudio desde 4º de ESO: El final de la ESO es el momento en que se concreta el abandono escolar (prácticamente una cuarta parte de la AEP se da antes de terminar la secundaria obligatoria) y un 32% al final. Disponer de becas desde 4º de ESO implicaría 81,5 millones de euros (81.497.700€) más.
- Vincular la beca a las políticas de orientación. Conectar la asignación de la beca a un programa de orientación, como el que contempla el Plan de Acción contra el Abandono escolar, garantizaría mejores oportunidades y mayor eficiencia en la asignación de recursos. Se basa en acompañar la toma de decisiones desde los últimos cursos de ESO o PFI, así como en el tráfico hacia la postobligatoria (otro momento importante de abandono) y una vez en Bachillerato o CFGM (donde el primer curso es crítico por la continuidad educativa). El Decreto de orientación pendiente de aprobar es una buena oportunidad para avanzar en esa dirección.
- Avanzar hacia importes de beca más justos para el alumnado en situación de pobreza severa. En el caso de la postobligatoria, debería acercarse al Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC), fijado en 800 euros mensuales en 2026. Implicaría una beca por valor de 8.000 € por curso. En el caso de 4º de ESO, el importe debería aproximarse a los 3.000€ al año. Esta adecuación añadiría otros 49 millones de euros (48.995.926 €).
