Cataluña tiene prácticamente un millar de alumnos con necesidades específicas por cada educador o integrador social. En el curso escolar con más complejidades en el aula, este ratio inalcanzable tensiona aún más la vida en los centros, limita las oportunidades educativas del alumnado y dificulta la recuperación de los resultados del país.
La Fundación Bofill calcula que este curso 2025/26 existe un educador social por cada 4.590 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales. En cuanto a los integradores sociales, con una titulación diferente pero tareas similares, existe uno por cada 1.147 alumnos en esta situación. Así, entre I3 y 4º de ESO existe uno de estos profesionales por cada 918 alumnos que lo necesitan.
Menos educadores en un curso con mayor pobreza, más matrícula viva y más estrés docente
Para los 275.400 alumnos con necesidades socioeconómicas o socioculturales (2024/25), para este curso y el próximo hay sólo 60 educadores y 240 integradores. La desaparición de financiación europea, y del Plan de Mejora de Oportunidades Educativas (PMOE - PROA+), ha supuesto una caída drástica de profesionales, de unos 415 a 300. La disminución llega justo cuando uno de cada tres alumnos tiene alguna necesidad específica, el 35% del alumnado es pobre, la matrícula viva se ha duplicado y el estrés docente se ha disparado.
Más concretamente, hay el doble de matrícula viva que hace diez años (con datos del curso 2023-24 representa un 3% del total en los municipios de más de 10.000 habitantes, cuando hace una década era el 1,5%). Por otra parte, el último informe TALIS señala que el estrés docente se ha duplicado en seis años (del 7% en 2018 al 14% en 2024).
Por la Fundación Bofill, esta combinación explosiva impide atender correctamente la creciente diversidad del alumnado catalán y consolidar un sistema inclusivo. La entidad alerta de que el Plan de acción contra el abandono escolar prematuro presentado en noviembre no concreta ampliaciones de estos perfiles, a pesar de reconocer que son una medida recomendada por la Comisión Europea. El Plan tampoco fija objetivos para el personal orientador a los servicios educativos o territoriales. En un contexto de urgencia, la falta de compromisos y cifras, y limitarse a mantener los recursos actuales, es insuficiente.
Garantizar la integración de profesionales en los centros de mayor complejidad
El último Anuario de la Educación dedica precisamente un capítulo a la diversidad de profesionales que necesita el sistema educativo para atender a la actual realidad escolar. Detalla 15 propuestas, entre las que garantizar la integración estable de los profesionales de atención social, psicopedagógica y de salud en los centros de mayor complejidad. También asegurar una atención integral a todo el alumnado con necesidades educativas, al margen del centro al que vaya.
A més de la integració d'aquests professionals a les plantilles, també proposa definir mapes de recursos i personal no docent extern per zona educativa. Ajustats a les necessitats dels centres i per millorar la planificació, la coordinació i el treball conjunt. Alhora, que es tendeixi a unificar horaris i condicions laborals de professionals docents i no docents, així com a regular funcions i responsabilitats en l’atenció socioeducativa.
Además de la integración de estos profesionales en las plantillas, también propone definir mapas de recursos y personal no docente externo por zona educativa. Ajustados a las necesidades de los centros y para mejorar la planificación, coordinación y trabajo conjunto. Asimismo, que se tienda a unificar horarios y condiciones laborales de profesionales docentes y no docentes, así como a regular funciones y responsabilidades en la atención socioeducativa.
La Fundación Bofill calcula que se necesitan en total 702 integradores y 357 educadores para cubrir los centros con mayor complejidad. 329 para los de máxima complejidad (218 de primaria y 111 de secundaria) y 401 para los de alta complejidad (266 de primaria y 135 de secundaria). Permitirían garantizar 2 educadores por cada centro de máxima complejidad de secundaria y 2 integradores para los de primaria y un profesional de cada también para los de alta complejidad. La medida tendría un coste total de unos 32 millones de euros, teniendo en cuenta el programa temporal que financia a los 300 profesionales actuales.
Las políticas públicas lineales agravan las diferencias
La Fundación Bofill recuerda que, según los últimos datos disponibles, en Cataluña existen hasta 18 puntos de diferencia a los resultados en competencias básicas en función de la complejidad del centro. Los datos PISA también señalan un aumento de las diferencias de resultados entre el alumnado de estatus socioeconómico alto y bajo. Se ha pasado de los 81 a los 96 puntos de diferencia en matemáticas entre 2018 y 2022 o de los 77 a 94 en competencia lectora entre 2015 y 2022.
En el Anuario la entidad señala cómo la linealidad en políticas de reducción de ratios y horarios hace perder capacidad de equiparar condiciones entre el alumnado. De hecho, denuncia que menos del 5% del profesorado está destinado a compensar las condiciones de los centros públicos de mayor complejidad. En este sentido, insiste en la urgencia de financiar a los centros a partir de sus complejidades y necesidades.
Apoyo a las educadoras y educadores sociales de Cataluña
En aquest context, la Fundació Bofill s’ha adherit al crit de les 85 educadores i educadors socials per consolidar aquesta figura estratègica. L’entitat recorda que fan un paper clau per reduir desigualtats, enfortir la relació amb les famílies, acompanyar trajectòries educatives i descarregar els docents.
En este contexto, la Fundación Bofill se ha adherido al grito de las 85 educadoras y educadores sociales para consolidar esta figura estratégica. La entidad recuerda que hacen un papel clave para reducir desigualdades, fortalecer la relación con las familias, acompañar trayectorias educativas y descargar a los docentes.
