Medidas de choque y reformas prioritarias ante la crisis de la COVID-19

La irrupción y expansión del coronavirus en nuestra sociedad está comportando una serie de consecuencias negativas que experimentamos en el presente y que nos seguirán afectando, de forma directa o indirecta, en el futuro. Consecuencias negativas en el ámbito de la salud (contagios y muertes por la COVID-19 y enfermedades o trastornos físicos y mentales asociados al periodo de confinamiento), en el ámbito económico y laboral (paro, desempleo más o menos temporal, pérdida de ingresos, impagos, pobreza habitacional y energética), en la esfera social (motivadas por las medidas de aislamiento social)..., y también en el terreno de la educación.

En el ámbito educativo, la crisis del coronavirus obligó a cerrar las escuelas del país el viernes 13 de marzo. El último trimestre de este curso 2019-2020 será de enseñanza telemática y es bastante probable que niños y jóvenes no vuelvan a pisar las aulas hasta la entrada del curso 2020-2021. Si sumamos los meses de vacaciones de verano, esto significa seis meses sin escuela. 

Este simple hecho representa un riesgo importante para la educación y su función de igualación de oportunidades, con consecuencias que se observan en el plazo más inmediato y que, si no se remedian, tendrán secuelas durante los próximos años. En efecto, la ausencia de clases acentúa las distintas brechas sociales y educativas.

Entre las familias, la fuerza de la brecha digital se acentúa entre hogares, una situación que se manifiesta de dos formas: 1) desigualdad «objetiva», en la disponibilidad de terminales y conectividad; 2) desigualdad «subjetiva», en la posibilidad de disfrutar de un entorno que oriente sobre cómo utilizar estas tecnologías y recursos de manera efectiva y autónoma. Estas desigualdades tienen una clara correspondencia con el nivel socioeconómico y cultural de las familias.

En cuanto a los centros educativos, está claro que no todos se encuentran en la misma situación ni tienen las mismas capacidades a la hora de dar respuesta a los nuevos retos docentes y de tutorización que impone el momento actual de cierre de escuelas y a los desafíos de recuperación y resiliencia que se plantearán ya desde inicio del curso 2020-2021.

Pero la crisis educativa del coronavirus no se reduce únicamente a las consecuencias negativas derivadas de la ausencia de clases. Tenemos que pensar que nos referimos a un periodo de desvinculación escolar vivido en un contexto crítico para las familias, ya que muchas habrán sufrido dificultades económicas, laborales y de salud; y para los niños y adolescentes, para quienes a la pérdida del ritmo de aprendizaje, muy probablemente, se añadan situaciones de estrés, angustia o frustración. Más aún, cabe esperar que este contexto y las situaciones críticas sigan vigentes una vez superada la alarma propiamente sanitaria.

En resumen, el panorama que dibuja la crisis del coronavirus para la educación y su función de equidad e igualación de oportunidades es extremadamente preocupante.

Es por ello que hay que actuar y que es necesario hacerlo desde una política educativa más valiente y comprometida que nunca, que pueda combinar en su planteamiento una mirada a corto plazo, dirigida a contener el impacto de la crisis, con una visión a medio y largo plazo, que diseñe los fundamentos de lo que debe ser la recuperación de la educación durante los próximos años.

El documento que aquí presentamos propone una serie de medidas de actuación divididas en dos grupos. En un primer bloque, apuntamos 10 paquetes de «medidas de choque», dirigidas a contener las consecuencias de desigualdad provocadas por la ausencia de clases y las vacaciones de verano. Son un total de 30 medidas organizadas de acuerdo con tres momentos y objetivos de aplicación: a) finalización del curso 2019-2020; b) periodo de verano; c) inicio y seguimiento del curso 2020 hasta 2021.

En un segundo bloque, planteamos un conjunto de retos y ámbitos de reforma, que explican el porqué de los riesgos y urgencias de este momento y que consideramos primordial abordar de forma paralela a las medidas de choque más inmediatas. Son 10 ámbitos de reforma prioritarios (20 medidas), que deberían asumirse con firmeza ya desde el curso 2020-2021, con el fin de convertir el próximo trienio en un periodo de auténtico impulso y de equidad en la educación.

Nuestro objetivo es aprovechar este conjunto de propuestas y medidas para iniciar un debate público abierto e informado sobre su contenido, su adecuación y sus condiciones de viabilidad. Un debate que ahora ya es urgente y que debe permitir generar compromisos y cimentar las respuestas de política educativa que necesitamos ahora y de cara al futuro.