El Plan Familiar de América: ampliar los derechos educativos después de la pandemia

La pandemia de la covid-19 ha generado una crisis sanitaria, económica y política sin precedentes. La forma cómo se ha afrontado esta crisis multifactorial ha sido, sin embargo, muy distinta en cada país. El ámbito educativo ha sido uno de los más afectados por la pandemia (entre otras cosas, por el cierre escolar y por el ascenso de las modalidades de enseñanza a distancia), y también uno de los sectores que los gobiernos han aprovechado para reformular de forma más activa.

Recientemente, la administración Biden ha aprobado el Plan Familiar de América, que consiste en un paquete de medidas educativas, laborales y fiscales. Entre las medidas educativas, destacan las siguientes:

• Añadir cuatro años de educación gratuita, tanto en la educación infantil (puesto que se ofrecerá educción gratuita en la etapa de los 3-4 años) como al sistema educativo superior (ofreciendo dos años gratuitos en los centros educativos superiores, community colleges). Cabe recordar que la educación obligatoria en EE. UU. es de los 6 a los 17 años, con lo que el plan Biden implica una prolongación en las etapas no obligatorias inferior y superior. El presupuesto estimado es de 200.000 M $ para la ampliación de la educación preescolar y de 109.000 M $ para la superior.

• Ofrecer apoyo directo a niños y familias. Eso incluye becas para que las familias con bajos ingresos no gasten más del 7% en matrícula de preescolar. También incluye más asistencia nutricional, ya que aumenta las becas comedor en las escuelas de entornos socioeconómicamente complejos y prolonga las tarjetas monedero para alimentación al periodo de verano. Ambos planes cuentan con un presupuesto de 17 M $ y de 19 M $ respectivamente.

• Ampliar las deducciones fiscales para familias con niños (iniciadas en el American Rescue Plan, un paquete previo de estímulos para hacer frete a la covid-19). Para ello se calcula un presupuesto de más de 200 M $.

La crisis pospandemia ha facilitado un contexto político apto para transformar la educación, generar nuevos consensos en la opinión pública y llevar a cabo costosas inversiones.

La aprobación de este ambicioso plan muestra, de nuevo, que las crisis económicas y sanitarias también pueden ser oportunidades políticas. Así, la crisis pospandemia ha facilitado un contexto político apto para transformar la educación (especialmente aumentado la cobertura en las etapas 0-3 y +17), generar nuevos consensos en la opinión pública y llevar a cabo costosas inversiones, cosa que en otro contexto hubiera sido altamente improbable. Sin embargo, la sostenibilidad de estas reformas más allá del periodo de crisis es todavía una incógnita.

A la vez, el Plan Familiar de América pone de relieve que existen iniciativas políticas que generan un fuerte consenso y que pueden superar las divisiones partidistas. Se trata ―tal como comentaremos más adelante― de iniciativas que amplían la accesibilidad a nuevos servicios educativos a colectivos habitualmente excluidos de los mismos. Así, en un contexto polarizado, y pese a las críticas feroces de los republicanos, las políticas propuestas en este plan cuentan con un amplio apoyo entre el conjunto del electorado norteamericano: el 86% de los votantes demócratas, el 54% de los independientes y el 25% de los republicanos lo apoyan (fuente: Politico).

El plan pone de relieve que existen iniciativas políticas que generan un fuerte consenso y que pueden superar las divisiones partidistas.

Finalmente, el plan impulsado por la administración Biden también destaca la creciente centralidad en la agenda política de los espacios, momentos y servicios educativos que van más allá de la escuela en la etapa obligatoria (en el caso de los EE. UU., 6–17 años). Tanto las etapas escolares previas (0-3) como las posteriores (+17), así como las actividades extraescolares, son espacios de gran valor socializador y pedagógico. Tanto es así que desde hace tiempo las actividades extraescolares forman parte del derecho a la educación en un sentido amplio (tal como reconocía el informe Equidad y educación en España de Oxfam Intermon).

El plan Biden también destaca la creciente centralidad en la agenda política de los espacios, momentos y servicios educativos que van más allá de la escuela.

Por ello, la aprobación por parte de la administración Biden del Plan Familiar de América nos ofrece algunos aprendizajes potenciales que podemos aplicar en Cataluña:

• La necesidad de valorar los espacios educativos (escolares y extraescolares), especialmente presenciales, en un contexto de crisis sanitaria y social. La pandemia ha puesto de relieve la gran importancia de la escuela en términos de beneficios, tanto académicos como psicosociales, para el alumnado. También ha evidenciado que las escuelas son un dispositivo clave para la conciliación familiar (sin que ello implique reducir la escuela a un mero papel de “guardería”). No obstante, los recursos y capitales de las familias para afrontar estas situaciones varían enormemente, lo que ha tenido consecuencias muy negativas para las familias con menos recursos. Así pues, han aumentado aún más las desigualdades educativas en un contexto ya fuertemente castigado por la crisis económica y social. Desde la perspectiva de la equidad educativa y la justicia social, esta es una pésima noticia.

Las actividades fuera de la escuela o extraescolares tienen un gran potencial en términos pedagógicos y comunitarios, puesto que enriquecen la experiencia escolar del alumnado.

• La importancia de la educación extraescolar y a lo largo de la vida, pero su desigual distribución. Tal como resalta el plan, los procesos educativos van más allá de la etapa de escolarización obligatoria. De hecho, la educación es un proceso constante y sostenido a lo largo de la vida que se da en distintas etapas vitales (infancia, adolescencia, adultez, vejez) y lógicas (educación formal, no formal; educación inicial y ocupacional). Las actividades fuera de la escuela o extraescolares tienen un gran potencial en términos pedagógicos y comunitarios, puesto que enriquecen la experiencia escolar del alumnado y refuerzan su vinculación expresiva, además de tener unos impactos moderadamente significativos tanto sobre el rendimiento académico como sobre las habilidades sociales y psicoemocionales del alumnado (tal como demuestra la literatura académica). Lamentablemente, estudios recientes indican que la distribución de las actividades extraescolares en Cataluña es desigual, en gran parte debido a sus costes económicos, lo que tiende a reforzar las dinámicas de segregación escolar, tal como han alertado reiteradamente el Síndic de Greuges, la aFFaC y el IERMB. Esta desigualdad puede restringir, pues, el derecho a la educación, por lo que son necesarias políticas que pongan fin a esta situación.

• · La importancia de los consensos para avanzar firmemente en las reformas educativas. Paradójicamente, en el momento en el que se ha manifestado de forma más clamorosa la importancia de la educación es también el periodo en el que el sistema educativo catalán está más faltado de consensos. Así, la gestión de los centros escolares durante la pandemia, las reformas propuestas (el nuevo currículum y calendario escolar) o la politización perversa y maniquea de algunos partidos en contra de la inmersión lingüística han roto algunos espacios de diálogo compartido que permitían que la comunidad educativa ―en un sentido amplio― fuera más protagonista y partícipe de la toma de decisiones políticas. Tal como ejemplifica el plan, la generación de consensos facilita enormemente poder avanzar en reformas ambiciosas.

La generación de consensos facilita enormemente poder avanzar en reformas ambiciosas.

• La importancia de una financiación ambiciosa que acompañe las reformas educativas (entre ellas, la digitalización). El sistema educativo históricamente ha sufrido una infrafinanciación, y la agenda de la política catalana en el periodo poscrisis de 2008 consistió en medidas de austeridad que castigaron injustificadamente al sector público. La actual gestión europea de la crisis difiere notablemente de la de 2008, y las políticas de austeridad de hace más de una década han sido sustituidas por un ambicioso plan de financiación en forma de programa Next Generation. La traducción española de este programa incluye políticas dirigidas a implementar la transición energética y la digitalización de la Administración. Justamente, esta podría ser una oportunidad para el sistema educativo catalán.

• El consenso que generan las iniciativas políticas que amplían el derecho a la educación. Las políticas educativas que amplían el acceso a la educación (tanto escolar como extraescolar) tienen la capacidad de generar amplios apoyos: en la comunidad educativa, en la sociedad civil y entre los actores institucionales y partidos. Son, pues, oportunidades políticas que merece la pena utilizar. Ahora bien, desde una visión que enfatice la equidad educativa, hay que tener en cuenta que estas políticas, pese a ampliar la accesibilidad, inclusividad y universalidad de espacios y servicios educativos, son insuficientes, puesto que simultáneamente requieren de políticas de carácter redistributivo (por ejemplo, las que se enmarcan en la lucha contra la segregación escolar y que incluyen aspectos relativos a políticas de elección escolar, zonificación, et.). Estas últimas, sin embargo, tienen muchos más costes públicos.

Las políticas educativas que amplían el acceso a la educación (tanto escolar como extraescolar) tienen la capacidad de generar amplios apoyos: en la comunidad educativa, en la sociedad civil y entre los actores institucionales y partidos.

• La flexibilidad, la imaginación y el margen de maniobra de las distintas administraciones en espacios competenciales superpuestos. Las competencias de las administraciones pueden ser limitadoras, pero la imaginación y la voluntad política permiten reinterpretaciones flexibles de las mismas. Hay margen para actuar, a todos los niveles: estatal, catalán, municipal. En relación con este último nivel, los ejemplos de buenas prácticas locales (por ejemplo, de municipios contra la segregación escolar) evidencian el amplio margen de maniobra de los entes locales y del amplio espacio por ocupar en términos de políticas educativas. Tal como reza la célebre expresión del exalcalde de Vitoria, José Ángel Cuerda, «donde acaban mis competencias empiezan mis incumbencias».