Escuelas dataficadas sin control

Cada día aumentan las alertas sobre los efectos nocivos que puede llegar a producir el “enganche” a las pantallas. No solo por la sobreestimulación, los contenidos que se consumen, los problemas de concentración o la falta de sueño; lo que preocupa especialmente es el potencial impacto, aún desconocido, sobre el carácter y el desarrollo psicosocial de los niños y de las niñas. A pesar de ello, los menores en nuestro país (5-11 años), pasan prácticamente el mismo tiempo conectados que en la escuela, un dato que de partida resulta excesivo a cualquiera que lo escuche. Para combatir esta situación, los padres poseen herramientas que permiten limitar y controlar lo que hacen sus hijos cuando navegan en casa, ¿pero saben lo que pasa con ellos cuando se conectan al colegio?

Los menores en nuestro país (5-11 años), pasan prácticamente el mismo tiempo conectados que en la escuela

Según un estudio realizado a más de 50.000 adolescentes de entre 11 y 18 años de enseñanza secundaria obligatoria (ESO), existe un amplio margen de mejora en la educación digital, un campo en el que más del 70% del alumnado se ha sentido desbordado o saturado por la carga de trabajo, con dificultades para organizarse y dar respuesta de forma adecuada a todas las tareas que se le pide. Ni siquiera la mitad de los adolescentes piensa que haya sido una buena forma de aprender y, es más, uno de cada cuatro estudiantes ha tenido una experiencia mala o muy mala, siendo regular la de la mayoría ―y esto sin abordar los retos a los que se enfrenta el profesorado―. Ante esta evidencia, merece la pena detenerse a revisar la digitalización de la educación y comprender a quién está beneficiando verdaderamente.

Fuente: Andrade, B., Guadix, I., Rial, A. y Suárez, F. (2021). Impacto de la tecnología en la adolescencia. Relaciones, riesgos y oportunidades. Madrid: UNICEF España

Los menores no son productos

Al igual que la calidad de la navegación y el tipo de contenidos son relevantes para tener una experiencia digital saludable, también lo son la privacidad y la seguridad. Y aquí la industria tiene una responsabilidad incuestionable a la hora de facilitar servicios digitales seguros y adaptados a la edad de quien los utiliza. Seguramente debido a la urgencia con la que hubo que desplegar la infraestructura digital de aprendizaje, sumada a la falta de conocimiento técnico por parte de los decisores, así como a una ausencia de criterios por parte de los poderes públicos, se ha digitalizado la educación sin comprender del todo qué significaba hacerlo ni qué se ha quedado por el camino. 

Se ha digitalizado la educación sin comprender del todo qué significaba hacerlo ni qué se ha quedado por el camino

¿Somos conscientes de que algunos sistemas de educación en línea (EdTech) recopilan información privada de los niños y de las niñas mientras estudian en casa? Human Rights Watch (HRW) ha examinado 164 productos de tecnología educativa en 49 países y ha concluido que el 90% “ponían en riesgo o infringían los derechos de los niños”. ¿Ha habido alguna madre o algún padre que haya autorizado que se siga el comportamiento digital de su hijo? ¿Son los padres y madres conscientes de los derechos digitales de sus descendientes? ¿Saben las autoridades que se han recogido datos de identidad, localización, tipo de dispositivo o círculo de amistades para después venderlos a empresas de publicidad? El desconocimiento llega a tal punto que prácticamente todos los países han apoyado públicamente productos que, según este informe, vulneraban los derechos digitales de los menores.

La educación en digital conlleva nuevos riesgos que deben preverse y minimizarse antes de obligar a los más vulnerables de nuestra sociedad a desenvolverse en estos entornos en los que se pueden terminar convirtiendo en productos. La facilidad para capturar, almacenar, procesar y controlar datos en los espacios de aprendizaje digital ha hecho que asistamos a un boom tecnológico. Sin embargo, como reconoce la UNESCO, es un arma de doble filo, ya que, por un lado, tiene un gran potencial de crear aprendizajes personalizados, mejorados y deslocalizados, pero por otro se puede producir una concentración de poder no deseable que aumente el riesgo de utilización de los datos en perjuicio del alumnado. Por lo tanto, hay que encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología para avanzar en la transformación de la educación y la salvaguarda de la privacidad y los derechos individuales.

Hay que encontrar un equilibrio entre el uso de la tecnología para avanzar en la transformación de la educación y la salvaguarda de la privacidad y los derechos individuales

Los gigantes tecnológicos, proveedores de las plataformas de telecole, suelen tener políticas internas específicas de limitación de anuncios dirigidos a niños y adolescentes, pero dejar a la voluntad privada algo tan relevante para nuestra sociedad no es suficiente. El riesgo no solo es que se hagan mapas de relaciones o de comportamiento mientras los niños están en estas clases virtuales, sino que, aparentemente, estas plataformas instalan rastreadores que siguen a los niños por Internet después de que salgan de su aula virtual, fuera del horario escolar, para después diseñar anuncios basados en su comportamiento.

Algunas iniciativas a las que seguir la pista

Por suerte, los humanos, a diferencia de los algoritmos, somos buenos encontrando soluciones creativas y ya hay diferentes iniciativas que se vienen desarrollando en distintos países que podrían servir de inspiración:

• Common Sense es una de las principales fuentes de recomendaciones de tecnología en Estados Unidos. Millones de padres y educadores confían en sus comentarios y consejos para navegar por el mundo digital con sus hijos. Uno de sus programas más exitosos es el que evalúa aplicaciones y productos de tecnología educativa para que los padres y los educadores puedan elegir con conocimiento la que utilizan con los niños.
• Webwise ha desarrollado un generador de políticas de uso para todas las escuelas. Es una herramienta gratuita que permite a los colegios crear su propia política personalizada y establecer una serie de acuerdos, que serán firmados por todas las partes involucradas, sobre cómo y para qué se utilizará la tecnología basándose en las necesidades de cada escuela
• El proyecto de Student Data Privacy ha sido creado para organizar a los progenitores alrededor de la solicitud de los datos y metadatos que los proveedores de tecnología educativa están recogiendo en las escuelas
• Australia ha creado la herramienta eSafety Toolkit para colegios, con diferentes módulos explicativos sobre lo que hay que conocer para crear entornos digitales más seguros.
• Grecia, Noruega y Suiza han puesto en marcha programas de inicio de sesión única y segura para los escolares.
• En Bélgica, Irlanda, Letonia y Luxemburgo, las escuelas reciben directrices sobre cómo proteger eficazmente la privacidad de los estudiantes.
• En Francia y Estados Unidos se han aplicado leyes nacionales sobre la protección de datos de los estudiantes.
• En las provincias canadienses de Quebec y Nueva Escocia, la protección de datos se rige por políticas provinciales, que orientan a los centros escolares a actuar dentro de los marcos legales locales.

Parece claro que queda trabajo por hacer en este campo y que es urgente encontrar un equilibrio entre el avance en la digitalización educativa y la salvaguarda de los derechos digitales de los niños y niñas.

¿Por dónde seguir?

Desde que la pandemia obligara a hacerlo todo en línea, se han instaurado nuevas realidades que convendría revisar, ahora ya sí con sosiego y desde la perspectiva crítica. La experiencia de estos últimos años permite contrastar si verdaderamente la educación en línea es esa panacea del aprendizaje prometida o deberá evolucionar. No hay duda de que la tecnología forma parte de la educación del futuro, pero queda pendiente un consenso sobre quién debe proveerla, cómo, en qué cantidad, dónde y para qué.

No hay duda de que la tecnología forma parte de la educación del futuro, pero queda pendiente un consenso sobre quién debe proveerla, cómo, en qué cantidad, dónde y para qué

El uso de herramientas digitales por parte de los jóvenes es ya masivo y precoz, no solo en su vida personal, sino también escolar. El descontrol sobre lo que hacen las plataformas con sus datos es real y, además, en el ámbito educativo no parecen existir criterios específicos ni homogéneos para determinar qué proveedores de servicios digitales serán utilizados por menores. Abordar un reto de esta envergadura supone comprender la urgencia que supone que millones de menores cada día estén expuestos a la recopilación de información por parte de las plataformas. No hay una solución única ni tampoco simple, pero aquí van 5 propuestas de por dónde se puede seguir

1. Reforzar la autonomía de los menores mediante el conocimiento, profundizando en la importancia de los datos y en cómo protegerlos.
2. Facilitar mecanismos de denuncia para garantizar que se puedan ejercer los derechos de forma real.
3. Crear un enfoque coherente que apoye a los sistemas educativos de todos los territorios con elementos claramente definidos y prácticas eficaces que establezcan formas de actuación.
4. Formar al profesorado en derechos digitales y ciberriesgos.
5. Establecer mecanismos de auditoría externa para validar el cumplimiento de las normas por parte de las plataformas.

Cada vez son más necesarios enfoques globales en ámbitos comunes y para ello habrá que fortalecer la cooperación y la colaboración; en una materia tan sensible, es fundamental intercambiar conocimientos y establecer normas lo más parecidas posible para favorecer su cumplimiento.