Resegregar América con la IA: la política trumpista de anulación de la equidad y la inclusión educativa

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  • Las políticas trumpistas acabarán resegregando aún más el país con la inestimable ayuda de una IA sesgada para reproducir la intolerancia y el cierre social contra las minorías y las clases bajas. Aunque una parte haya votado a Trump como su salvador, es previsible que, a la larga, su frustración y resentimiento acaben derrotándolo.

La decisión de Trump y Elon Musk de desmantelar a la mitad el personal y la burocracia del Departamento de Educación es una operación de depuración ideológica y de cierre bien calculado de los programas progresistas existentes que habían tenido un consenso bipartidista. Cabe recordar que el derecho a la educación no es un derecho constitucional de carácter federal, y este es un primer paso para eliminar por completo el Departamento, como marca el Proyecto 2025. Contrariamente a lo que algunos han publicado, de momento no se recorta el financiamiento de las becas —ya que requeriría una supermayoría en el Congreso—, sino que se ponen obstáculos que ponen en peligro la titularidad de los derechos individuales y la ejecución finalista del financiamiento federal. Por eso, el decreto es tan sibilino y perverso, diseñado para ser difícil de revertir en los tribunales y normalizable para perdurar en el tiempo.

Del 50% del personal ya despedido, el 77% eran funcionarios afiliados a sindicatos que trabajaban en áreas clave que garantizaban la equidad, la no discriminación y la investigación educativa. Eran profesionales muy comprometidos que prestaban un servicio troncal en la función federal de cohesionar y compensar territorialmente un sistema educativo muy fragmentado, financiado por los propios Estados y condados, con desigualdades salvajes que ahora irán en aumento.

La primera área troncal desmantelada a la mitad es la Oficina Federal de Ayuda a Estudiantes (FSA), encargada de tramitar y ejecutar grandes fondos federales de becas y ayudas: a) el fondo Título 1 contra la pobreza infantil (18.000 millones de dólares) creado en 1965; b) el fondo IDEA para necesidades educativas especiales (15.000 millones) creado en 1975; c) la cartera federal de préstamos universitarios (1,6 billones en deuda estudiantil); d) las becas Pell para universitarios de bajos ingresos (33.000 millones); e) la ayuda universitaria FAFSA (87.000 millones). Todavía no se sabe qué organismos gestionarán estos fondos (se habla de un banco privado para gestionar la deuda estudiantil), pero la IA tendrá seguro un papel clave.

Hay una amenaza real sobre las políticas de becas para minorías, clases bajas y estudiantes con necesidades especiales.

Trump pretende hacer una rebaja fiscal de 6 billones para las clases altas, recortando la Seguridad Social, Medicaid y la educación pública. Por ahora, no se ha recortado el financiamiento de las becas, sino su garantía de ejecución, despidiendo a los abogados del Departamento que supervisaban a los estados y distritos escolares para evitar la desviación de estos fondos hacia fórmulas neoliberales (cheques escolares) u otros usos. La sustitución de estos funcionarios por IA, como pronto se anunciará, pone en duda si los algoritmos ejercerán la misma fiscalización o permitirán desviaciones hacia Estados trumpistas. El Tribunal Supremo ya sentó en 2024 el precedente de acabar con la acción afirmativa al dictaminar que las admisiones universitarias "con conciencia racial" son inconstitucionales. Por tanto, hay una amenaza real sobre la política distributiva de becas para las minorías, las clases bajas y los estudiantes con necesidades especiales que no se ve venir frontalmente sino que llegará de forma más sutil y enmascarada.

El segundo recorte ha depurado a la mitad de los juristas de la Oficina de Derechos Civiles (OCR) que investigan las denuncias de las familias por discriminación en las escuelas y distritos. Han cerrado las oficinas de Chicago, Cleveland, Nueva York, Boston, Filadelfia, San Francisco y Dallas. La mayoría son ciudades líderes en segregación racial y escolar que ahora quedan desasistidas. No solo se debilita la lucha contra la discriminación de minorías, sino que se pervierte la aplicación de las leyes antisegregación al forzar a las escuelas a demostrar cómo protegen a los alumnos de religión judía y amenazando su financiación (como también han hecho con las universidades) si no ponen fin a las protestas estudiantiles contra Israel y si no revisan sus currículos críticos y postcoloniales.

La tercera depuración se ha centrado en la investigación y evaluación educativa, despidiendo a más de 100 analistas y expertos y recortando 900 millones de dólares, todo un mensaje negacionista del papel de la ciencia y el conocimiento para gestionar sistemas educativos complejos como los de hoy. Washington renuncia a tener un conocimiento estratégico del sistema federal, delegándolo todo a los Estados y condados, ampliando así otra brecha de polarización entre los Estados puritanos y tradicionales y los Estados más urbanos y progresistas. De nuevo, se anula el efecto compensador del Estado central. 

Trump ha justificado el desmantelamiento acusando al Departamento federal con dos falsedades. La primera, acusándolo de los bajos resultados de las escuelas cuando la última ley educativa federal de Obama (ESSA, 2015) ya dejaba, aún más claro, que la contratación de profesorado y los decretos curriculares no dependen de Washington sino de los estados. La segunda falsedad es por el abuso del adoctrinamiento woke que imparten las escuelas según la conspiranoica visión trumpista. Así, quedan eliminados los programas de equidad, diversidad e inclusión (DEI), la perspectiva de género, la teoría racial crítica, la teoría queer y todas sus interseccionalidades que, para el nuevo Gobierno, hacen odiar y ponen en peligro el estilo de vida americano. Inquisición puritana y purificadora. 

Ambos casos son ejemplos de la retórica intransigente del riesgo y la amenaza definida por Albert O. Hirschman, inoculando hostilidad y pánico emocional ante la retórica progresista contra las discriminaciones estructurales que limitan las oportunidades vitales de múltiples minorías. La ofensiva ideológica de Trump se expande con la censura de los programas DEI para empresas y en el mundo del trabajo aprobados por Biden (2020) a raíz de la eclosión del movimiento BLM–Black Lives Matter para corregir el racismo y el resto de discriminaciones en el acceso laboral, los salarios y los ascensos profesionales. Los DEI se enmarcan en la tradición progresista de la ley de derechos civiles (1964) y alcanzan al 63% de los trabajadores americanos. Son la bestia negra para la oligarquía trumpista y Elon Musk los definió como racistas. El 55% de los hombres hispanos y el 21% de los hombres afroamericanos que votaron a Trump verán cerradas las puertas del ascensor social para sus hijos e hijas. 

Estamos ante la mayor restauración reaccionaria para reescribir la historia e imponer como hegemónica una identidad-refugio autoritaria, blanca, masculina y puritana. 

En resumen, Trump acaba con la acción afirmativa, niega el principio rawlsiano de la diferencia que fundamenta la igualdad de oportunidades con discriminación positiva para las minorías. Desregula y acabará recortando y condicionando los programas de becas y acosa a las universidades, Estados y ciudades que se niegan a seguir su cruzada dogmática (Harvard o Nueva York). Estamos ante la mayor restauración reaccionaria para reescribir la historia e imponer como hegemónica una identidad-refugio que es autoritaria, blanca, masculina y puritana que niega el resto de identidades y el contexto social real de diversidad y desigualdad que define el país. La conflictividad constitucional puede neutralizarse con un Tribunal Supremo afín al trumpismo pero no será fácil contener la conflictividad social y las esperadas derivadas violentas de incierto pronóstico. 

Raj Chetty demostró la creciente brecha entre la América profunda y desconectada de la globalización y de las oportunidades que ha votado a Trump, y la América urbana y progresista que concentra la tolerancia, el interclasismo y un ascensor social mucho más dinámico. Las políticas trumpistas acabarán resegregando aún más el país con la inestimable ayuda de una IA sesgada para reproducir la intolerancia y el cierre social contra las minorías y las clases bajas. Aunque una parte haya votado a Trump como su salvador, es esperable que, a la larga, su frustración y resentimiento acaben derrotándolo, tal como nos enseña el péndulo de la historia desde el fin de la democracia de Atenas hasta Savonarola y tantos otros. Otra cuestión es que Trump acepte la derrota de su proyecto libertario de acabar con el Estado central. Ya lo veremos.

Xavier Martínez-Celorrio, profesor de Sociología de la Educación de la Universidad de Barcelona

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