Finaliza el proyecto de refuerzo socioeducativo que ha llegado a más de 11.500 alumnos de 230 centros

Notícies
  • En Cataluña hay 157.233 alumnos con necesidades específicas de refuerzo educativo causadas por la situación socioeconómica de sus familias o por haber llegado recientemente al país. Solo el 14% recibió el pasado curso algún tipo de ayuda económica del Departamento de Educación para hacer frente a estas necesidades.
  • La emergencia educativa por la pandemia ha generado una pérdida de aprendizajes equivalente a entre 3 y 4 meses de escuela.
  • Las diferencias de puntuación en las pruebas de competencias entre el alumnado escolarizado en centros de alta complejidad, y, por tanto más vulnerable, y aquel en centros de baja complejidad, llega hasta los 18 puntos porcentuales en algunas competencias.
  • La Fundació Bofill pone punto final este mes de junio a un proyecto de refuerzo socioeducativo que ha llegado a más de 11.500 alumnos en 230 centros educativos repartidos en 4 territorios (Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla). Es el primer programa educativo de este alcance que ha contado con una evaluación de impacto (RCT). Los primeros resultados muestran:
  • El 83% de los niños y niñas ha incrementado su gusto por la lectura, principal predictor para la mejora de la comprensión lectora.
  • El 93% de los niños y niñas ha incrementado su interés por las matemáticas.
  • El 80% de los jóvenes ha descubierto qué hace bien y qué puede mejorar y se ha dado cuenta de cómo sus comportamientos afectan a su aprendizaje y su vida fuera del aula.
  • El 71% de los centros participantes exige activamente la continuidad de los programas.
  • Es necesaria una política educativa que garantice programas de refuerzo socioeducativo para acompañar especialmente al alumnado con más dificultades. Las oportunidades de éxito educativo no pueden depender de la capacidad económica de las familias.

En Cataluña hay 157.233 alumnos con necesidades específicas de refuerzo educativo (NESE) causadas por la situación socioeconómica de sus familias (NESE B) o por haber llegado recientemente al país (NESE C). De estos alumnos, solo el 14% recibió el pasado curso algún tipo de ayuda económica del Departamento de Educación para hacer frente a estas necesidades específicas. Las cuales, de no ser correctamente dirigidas, son un claro predictor del abandono educativo, condenándolos de esta manera al fracaso escolar y perpetuando la injusticia social.

Urge garantizar que estos 157.233 alumnos tengan acceso a programas de refuerzo educativo de calidad que refuercen las competencias básicas, especialmente en un contexto poscovid en el que se han visto agravadas las desigualdades sociales y territoriales. En Cataluña se calcula que esta pérdida de aprendizajes por la pandemia equivale a entre 3 y 4 meses de escolarización y se ha cebado especialmente con el alumnado de entornos desfavorecidos. Además, las pruebas de competencias de 2019 indican diferencias de hasta 26 puntos en las puntuaciones medias del alumnado en función del nivel socioeconómico y el capital cultural de sus familias.

De acuerdo con los datos del informe PISA, el alumnado con alto estatus socioeconómico tiende a obtener mejores resultados en las pruebas de competencias que el de un estatus bajo. En 2018, el alumnado con un nivel socioeconómico alto alcanzó 81 puntos de media en competencia matemática y 76 en competencia científica, muy por encima del alumnado con un estatus socioeconómico bajo (una diferencia equivalente a unos dos cursos escolares por encima del nivel de estas competencias).

En un escenario educativo crítico como el actual, programas de refuerzo educativo orientados a la aceleración de competencias básicas, y a la mejora de expectativas y de la autoconfianza del alumnado son imprescindibles para acompañar especialmente a aquellos alumnos con mayor dificultad y que más lo necesitan.

Es inaplazable activar refuerzos adicionales para que ningún alumno quede atrás, en coordinación con los centros educativos, los servicios externos y las entidades del tercer sector. Estos refuerzos adicionales son cruciales para los centros de máxima y alta complejidad, ya que las diferencias entre el alumnado escolarizado en estos centros, y, por tanto, más vulnerable, y aquel en centros de baja complejidad, muestran una diferencia de puntuación que llega hasta los 18 puntos porcentuales en algunas competencias básicas y, en ningún caso, es inferior a los 8 puntos diferenciales (pruebas de competencias básicas a 4º de ESO, 2020).

Sabemos que las familias invierten cada vez más recursos en la educación en la sombra (shadow education) de tutorías privadas complementarias y de actividades extraescolares que ayudan a revertir la brecha de aprendizajes de sus hijos e hijas (288€ por alumno y año en Cataluña). Sin embargo, siguen dándose diferencias en función del poder adquisitivo: aunque las familias con menos recursos destinan una buena proporción de sus ingresos a programas de refuerzo educativo, la mayor parte del dinero lo invierte en recursos de refuerzo escolar para ayudar a sus hijos e hijas a recuperar competencias básicas y evitar el fracaso escolar, mientras que las familias más acomodadas destinan los recursos a programas que amplían y perfeccionan aprendizajes. Esto hace que se mantengan y acentúen aún más las desigualdades sociales (Educación en la sombra en España, ESADE 2022). La provisión privada de un recurso básico para compensar el desequilibrio no hace más que perpetuar la injusticia social. Es necesario dar un paso firme en la constitución de una política pública de apoyo educativo que apuntale el éxito educativo de todos los niños y jóvenes, sin exclusión.

Los programas de refuerzo educativo no pueden ser un lujo que dependa de las capacidades económicas de las familias. Es necesario garantizar su acceso a todos los niños y niñas que lo necesiten. Proyectos como el que ahora finaliza la Fundació Bofill, financiado con fondos europeos, que ha llegado a más de 11.500 alumnos en 230 centros educativos de alta y máxima complejidad repartidos en 4 territorios (Cataluña, Andalucía, Ceuta y Melilla), pueden ser parte de la solución. Trabajando 3 competencias claves para el éxito educativo a través de 3 iniciativas: Lecxit (comprensión lectora), Math Tutoring (competencias matemáticas) y Pentabilities (habilidades socioemocionales) a través de la tutoría y la mentoría intensiva, métodos que la investigación educativa (Education Endowment Foundation: one-on-one tuition y Education Endowment Foundation: small group tuition) muestran como más efectivos para equilibrar las desigualdades educativas.


Además, es el primer proyecto educativo que se evalúa a través de una evaluación de impacto RCT (randomized control trial) que permitirá conocer el impacto de cada programa comparando el efecto en el alumnado participante y el no participante. El objetivo es incorporar programas educativos efectivos, basados en evidencias, en la política pública.

A la espera de los datos de evaluación finales, ya podemos extraer algunas conclusiones preliminares. Por ejemplo, el 83% de los niños y niñas participantes en Lecxit, el programa de comprensión lectora, ha incrementado su gusto por la lectura, principal predictor para la mejora de la comprensión lectora. De hecho, el 87% de las familias participantes en el programa afirma que su hijo o hija entiende mejor lo que lee después de la participación en el Lecxit. Respecto a la competencia matemática, el 93% de los niños y niñas participantes en Math Tutoring ha incrementado su interés por las matemáticas. En cuanto a las habilidades socioemocionales, trabajadas a través del programa Pentabilities, el 80% de los alumnos participantes expresa que el programa le ha ayudado a descubrir qué hace bien y qué puede mejorar, así como a darse cuenta de cómo sus comportamientos afectan a su aprendizaje y su vida fuera del aula.

Los centros educativos participantes coinciden en la necesidad de programas de refuerzo educativo como los que ha llevado a cabo la Fundació Bofill en este curso 2022-2023: el 71% de los centros participantes pide activamente la continuidad de los programas como parte de las políticas públicas de refuerzo educativo de nuestro país.

Son determinantes las políticas de refuerzo educativo que no tengan exclusivamente una orientación compensatoria en la que predominen los deberes escolares, sino que mejoran competencias básicas y amplíen y enriquezcan las oportunidades de aprendizaje, especialmente para el alumnado que más lo necesita. Para garantizarlo es necesario trabajar en estas grandes líneas:

  • Invertir recursos en los centros educativos, especialmente de alta y máxima complejidad, para que puedan ofrecer refuerzo educativo dentro y fuera del horario lectivo, detectando las necesidades del alumnado y reforzando la tutoría y la atención personalizada.
  • Potenciar el refuerzo educativo en el entorno municipal a través de equipamientos y entidades locales, coordinando a los diferentes agentes, incluidos los centros educativos, y asegurando un buen reparto territorial, dimensionando la cobertura, y garantizando una oferta diversificada.
  • Homologar y certificar las actividades y entidades de refuerzo educativo para garantizar su calidad y adaptación a las necesidades del alumnado.
  • Velar por la implicación de las familias, sobre todo las más vulnerables, aportando herramientas y espacios para contribuir al proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
  • Establecer un sistema de tarificación social que incluye la gratuidad para las familias con menos recursos.
  • Promover sistemas de evaluación de las iniciativas y los resultados conseguidos para garantizar la calidad y el impacto de las actuaciones.


Son muchos los equipos municipales que ya están trabajando en esta línea, con muchas iniciativas de éxito que pueden orientar a quienes todavía no han abordado esta necesidad. Es posible crear oportunidades educativas equitativas que corrijan las desigualdades sociales y garanticen el éxito educativo de todos los niños y jóvenes sin exclusión.

Es necesaria una política educativa en clave de país, con un compromiso firme por la equidad que garantice los programas de apoyo socioeducativo imprescindibles para acompañar al alumnado con más dificultades. Las oportunidades de éxito educativo no pueden depender de la capacidad económica de las familias.


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