Las políticas contra la segregación funcionan: el 69% de la escuela concertada ya es corresponsable, aunque el 31% sigue segregando

• En el conjunto de la escuela concertada, el alumnado inmigrante ha pasado del 6% al 16% en diez años. Este incremento explica buena parte de la reducción de la segregación escolar en Cataluña, impulsada por el Pacto contra la Segregación.
• Radiografía de la corresponsabilidad: un 21% de los centros son elitistas, situados en barrios acomodados; reciben fondos públicos, pero no escolarizan ni el mínimo de alumnado vulnerable que marca la normativa. Un 10% presenta cierta diversidad, aunque con grandes desequilibrios respecto a su entorno, y un 69% no muestra grandes diferencias con el contexto social en el que se encuentra.
• La concertada elitista matricula uno o ningún alumno vulnerable de su vecindario por aula, cuando la normativa establece un mínimo de dos y, de media, en cada aula del país hay cuatro. En el extremo opuesto, un 9% de las escuelas concertadas escolarizan a más de la mitad del alumnado en situación socioeconómica vulnerable.
• Un 34% del presupuesto destinado a conciertos educativos se dirige a centros privados que perpetúan la segregación. En un contexto de educación infradotada y con un tercio del alumnado en situación de pobreza o exclusión, el sistema educativo no puede permitirse destinar 402 millones de euros públicos a escuelas que segregan. Supone un agravio para las escuelas públicas y concertadas más comprometidas con la escolarización de alumnado vulnerable.
• En los próximos meses, el Departamento renovará los conciertos educativos. La Fundació Bofill propone condicionar su renovación a la escolarización de alumnos vulnerables del entorno, ajustar la oferta y ser transparentes con el cobro de cuotas. El incumplimiento, añade, debería poder implicar la retirada del concierto, tal como establece el precedente de los centros que segregan por sexo.

📄 L'escola concertada avui. Propostes per revisar els concerts educatius en clau d'equitat (Informe completo)

En poco tiempo, Cataluña ha pasado de ser uno de los territorios con mayor segregación escolar de Europa a avanzar hacia un sistema educativo más cohesionado. Aunque sigue siendo uno de los principales retos educativos y sociales, la evolución positiva de los últimos años demuestra que, con políticas educativas adecuadas y la implicación de familias y centros, es un problema que se está superando.

Las políticas contra la segregación han permitido reducir un 25% la segregación escolar en Cataluña. Sin embargo, persisten diferencias importantes según el compromiso real de los centros con la equidad que debe regir el Servei d’Educació de Catalunya. Así, el 69% de la escuela concertada ya es corresponsable, aunque el 31% del sector sigue segregando.

El informe “L'escola concertada avui. Propostes per revisar els concerts educatius en clau d'equitat”, elaborado por María Segurola, experta en segregación escolar de la Fundació Bofill, concluye que una de cada cinco escuelas concertadas sigue siendo elitista. Además, cada año 402 millones de euros, un tercio de los recursos públicos que la Generalitat destina a financiar la concertada, se dirigen a centros que perpetúan la segregación.

La red concertada representa actualmente un 32% del Servei d’Educació de Catalunya, un peso que, sin una regulación eficaz, contribuye a la segregación escolar y al aumento de las desigualdades educativas. El informe no aborda el necesario debate sobre el peso que debe tener la red concertada en Cataluña, sino que se centra en analizar, con datos, el impacto que los conciertos educativos tienen en la segregación escolar.

En Cataluña, el Pacto contra la Segregación Escolar ha contribuido a corresponsabilizar a la mayor parte del sector concertado. En el conjunto de esta red, el alumnado extranjero matriculado se ha triplicado en diez años y alcanza ya el 16%, lo que explica buena parte de la reducción de la segregación.

Aun así, el equilibrio socioeconómico sigue siendo un reto. En I3 e I4, los centros públicos escolarizan un 39% de alumnado NESCD (necesidades educativas de soporte derivadas de la desventaja socioeconómica) frente al 23% en los concertados. La diferencia es especialmente notable en los centros elitistas: mientras que en cada aula del país hay una media de cuatro alumnos vulnerables, en las concertadas elitistas hay uno o ninguno, pese a que la normativa fija un mínimo de dos.

Son 105 escuelas situadas en municipios de más de 10.000 habitantes (un 21% del total de la concertada). Se trata de centros grandes, ubicados sobre todo en barrios con muy baja vulnerabilidad socioeconómica y que, aunque reciben fondos públicos, no reducen las ratios a 20 alumnos, atraen alumnado de familias acomodadas de otras zonas y presentan grandes desequilibrios respecto a la composición social de sus municipios. De hecho, la mayoría (54%) tienen otros centros con más diversidad social a menos de 15 minutos a pie.

No obstante, no son las únicas escuelas concertadas con margen de mejora para avanzar hacia una escolarización más equilibrada. 49 centros concertados (un 10% del total) con cierta diversidad social aún presentan desequilibrios significativos.

En total, 154 escuelas de municipios de más de 10.000 habitantes muestran una segregación importante respecto a su entorno. Para ser más corresponsables con el conjunto del sistema, deberían suprimir grupos que no responden a las necesidades del padrón, ajustar la oferta o ocupar todas las plazas destinadas a alumnado vulnerable. Estas medidas deben ser claramente establecidas por la administración pública para que resulten efectivas.

Condicionar los conciertos educativos al servicio público

La renovación de los conciertos es inminente: el próximo período plurianual está previsto para el curso 2026-2027. En este sentido, la Fundació Bofill recuerda que la renovación de los conciertos educativos no es un derecho automático de los centros, sino una decisión de política pública que debe garantizar la función social y educativa de aquellos que reciben recursos públicos.

Ante esta urgencia, la Fundació Bofill propone condicionar la renovación a la escolarización de alumnos vulnerables del entorno, al ajuste de la oferta y a la transparencia en el cobro de cuotas, y que el incumplimiento conlleve la retirada del concierto, siguiendo el precedente de los centros que segregan por sexo.

La entidad alerta de que los actuales acuerdos de concierto no son lo suficientemente explícitos ni exigentes —por ejemplo, no contemplan medidas esenciales como la reducción de ratios en I3—. Por ello, considera imprescindible revisar su adecuación a la normativa vigente y establecer acuerdos más concretos, exigentes y vinculantes.

Finalmente, la Fundació Bofill reclama a la Generalitat y al Parlament que la renovación de los conciertos no sea un trámite automático y sin debate público, sino que vaya acompañada de compromisos claros y de una regulación más transparente, rigurosa y exigente, que incluya la participación en la planificación conjunta de la oferta, un financiamiento basado en la complejidad, más transparencia y control, y la mejora de las llamadas “mochilas económicas”.

Todo ello, concluye, para evitar que se sigan destinando recursos públicos a centros que perpetúan la segregación y practican políticas poco alineadas con los valores del servicio público.