La Fundación Bofill detalla las conclusiones de los últimos informes sobre desigualdades educativas en el Parlament de Catalunya

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24/02/2026

Una representación del equipo de investigación de la Fundación Bofill ha comparecido en la última comisión de educación del Parlament de Catalunya para compartir a los diputados y diputadas de la cámara catalana las conclusiones de los últimos informes sobre desigualdades educativas.

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Son en concreto el Anuario de la EducaciónMejora educativa en entornos vulnerables, los últimos datos sobre Abandono Escolar Prematuro y La escuela concertada hoy. Mònica Nadal, directora de investigación, Miquel Àngel Alegre, responsable del Anuario de la Educación y María Segurola, experta en políticas contra la segregación escolar, han concretado las medidas para hacer frente a los retos que radiografía desde hace veinte años el Anuario de la Educación.

"Medir año a año la educación nos permite saber si avanzamos, nos detenemos o retrocedemos", ha empezado explicando Mònica Nadal, que ha resumido el Anuario 2024 como "un antídoto contra el catastrofismo interesado y contra la autocomplacencia"; porque en las últimas dos décadas han aumentado los niveles de escolarización pero "desde hace unos años parece que nos hayamos desorientado".

Así, detalló que el porcentaje de jóvenes con estudios postobligatorios ha crecido hasta el 78,4%, se ha llegado a una de las tasas de escolarización 0-2 más altas de Europa o se ha reducido diez puntos la segregación escolar del alumnado extranjero. Sin embargo, al mismo tiempo, en diez años se ha retrocedido cerca de un curso académico en comprensión lectora y matemáticas según PISA, el porcentaje de alumnado con nivel bajo en lectura ha pasado del 15,4% al 29,1% y que las diferencias de resultados entre alumnado de estatus socioeconómico alto y bajo equivalen a tres cursos de diferencia.

En cuanto al Abandono Escolar Prematuro, Nadal ha concretado que los jóvenes pobres abandonan los estudios diez veces más que los de mayor renta, los de origen extranjero más del triple que los de nacionalidad española (34,2% vs 10,1%) y que, en el caso del colectivo gitano, llega al 60%. Otro ejemplo: el presupuesto ha crecido un 37% en diez años, pero el gasto por alumno es de 5.465 € y está por debajo del 2009 y de la media estatal.

También ha señalado que menos del 5% del profesorado está destinado específicamente a compensar la complejidad de los centros a pesar del incremento de 16.000 docentes en los últimos ocho años o que disponemos de un educador o integrador social por cada 1000 alumnos vulnerables, en un contexto en el que el alumnado ha cambiado porque la pobreza infantil es ahora del 36,5% y el alumnado migrante o de familias migradas representa una cuarta parte. “Pronto el 40% de los niños que empezarán la educación infantil tienen un padre o madre nacido en el extranjero”; un impacto demográfico y social de gran magnitud.

Lejos de respuestas fáciles y simplificadoras, que señalan culpables y disparan contra todo y todo el mundo, el Anuario de la Educación constata que en Cataluña el problema parte de una financiación de la educación mucho más bajo que su entorno, con un elevado peso del copago de las familias.

"Hemos hecho reponer la calidad del sistema, en gran medida, sobre los hombros de los docentes pero no se les ha dado los recursos que necesitan, y su malestar de hoy tiene raíces en esa sobrecarga sostenida", ha concluido. Por eso ha pedido que el imprescindible aumento de la inversión en educación esté "orientado a reducir desigualdades y mejorar aprendizajes de todo el alumnado" para "evitar que los recursos caigan sobre el sistema sin transformarlo".

Nadal también ha pedido a los partidos que “garanticen que los recursos se distribuyen según necesidad, se ejecuten, lleguen a los centros que más lo necesitan y se mida su impacto”.

"La política educativa o es socioeducativa o no será"

Miquel Àngel Alegre ha concretado las 10 propuestas del Anuario 2024 para mejorar la educación en Catalunya. Unas políticas educativas que, para reducir desigualdades, "serán socioeducativas o no serán". No en vano la directora del último Anuario de la Educación es una experta en política pública y social.

"Podríamos contar con una mano las políticas educativas de compensación de desigualdades", ha resumido Miquel Àngel Alegre. De las mochilas económicas al Plan de Mejora de las Oportunidades Educativas, que con los Planes Educativos de Entorno cuenta con unos 28 millones de euros. "Herramientas que se deben seguir actualizando y reforzando".

Alegre ha agrupado en dos paquetes las propuestas del Anuario. Uno más centrado en los centros educativos y otros en las condiciones sociales del alumnado.

Garantizar las condiciones para que docentes y centros puedan realizar bien su trabajo

Las condiciones en las que se enseña no están distribuidas de forma equilibrada, ha detallado Alegre: Hay alrededor de 730 centros de alta y máxima complejidad, aproximadamente 1 de cada 5 del total, con elevadas proporciones de alumnado pobre y procedente de la inmigración.

En los centros de mayor complejidad, donde la estabilidad es especialmente necesaria para colaborar, planificar y fortalecer proyectos, es donde ahora existe más inestabilidad docente: Han cambiado un 50% de los últimos dos cursos. Esto les obliga a tener que priorizar entre resultados, bienestar, oportunidades educativas o caer en la resignación.


Alegre ha defendido, ante ello, una financiación estable y justa de los centros educativos, en función de sus necesidades y proyectos educativos. "Una financiación por fórmula que permita distribuir profesorado ordinario, de apoyo y profesionales no docentes".

Mientras este modelo estructural no se da, ha reclamado recogiendo las propuestas del Anuario, cuatro horas semanales de apoyo educativo para el alumnado con mayor dificultad de aprendizaje, una dotación mínima de un educador o integrador social en los centros y 2 en los de máxima complejidad, así como agrupaciones reducidas y co-docencia en asignaturas instrumentales, particularmente en matemáticas. También ha señalado la necesidad de sumar 600 nuevos tutores de aulas de acogida, teniendo en cuenta que en los últimos años de alumnado recién llegado y de matrícula viva se ha doblado en 10 años.

En cuanto a las condiciones sociales de la educabilidad, ha reclamado la necesidad de avanzar hacia la universalización del infantil 1-3 (porque la gratuidad del I2 evidencia que gratuidad no es universalidad). También hacia la universalización del comedor escolar y la inclusión del tiempo de mediodía en la jornada educativa (ahora mismo cubrir a todo el alumnado de infantil, primaria y ESO en riesgo de pobreza comportaría unas 95.000 nuevas becas comedor) y, finalmente, hacia la universalización de la educación extraescolar (y ampliar las mochilas escolares con "mochilas extraescolares", con unos 300 euros para el alumnado con necesidades educativas específicas).

Son sólo algunas propuestas del Anuario “no es una carta a los reyes, son medidas bien seleccionadas”. Y, proyectando que costarían entre 32 y 257 millones de euros, "son asumibles teniendo en cuenta el presupuesto del Departamento de Educación de 8.000 millones de euros".

A la pregunta de los diputados sobre cuál de estas priorizaría, Alegre es tajante: “Ahora mismo, a la altura de la película en la que estamos, todas las que puedan salir adelante”. El jefe de proyectos de la Fundación Bofill ha dejado claro que la investigación es clara y que ahora debe ser el posibilismo parlamentario que lo haga posible. "¿Que hay una ventana de oportunidad para los educadores sociales? Aprovechémosla. ¿Que hay una ventana de oportunidad para becas comedores? Aprovechémosla".

"Que toda la concertada cumpla la LEC no es un tema ideológico sino de buena gestión pública"

Por último, María Segurola ha detallado los últimos datos disponibles sobre la corresponsabilidad de la escuela concertada en la lucha contra la segregación escolar. En un momento muy importante de polarización y regresión democrática, Segurola ha recordado el consenso colectivo que supone "que los niños que están en la calle vayan juntos a la escuela. También ha recordado que este proceso "no pasa porque sí sino por una buena planificación".

La caída demográfica, ha explicado Segurola, dejará un país y unas escuelas con “aulas que están más vacías, un fenómeno que no es neutro y debe gobernarse”, ha alertado. Porque en un escenario de sobreoferta como el actual, las plazas escolares que quedan vacantes no se distribuyen equilibradamente y "sabemos que se concentran en los centros que tienen más estigma". Al mismo tiempo, en un mismo territorio existen "centros sobredimensionados que generan un polo de atracción".

Segurola ha recordado que "las políticas contra la segregación sirven" y han llevado al 69% de la escuela concertada a ser corresponsable. Con todo, lamentó que un 31% de estos centros todavía segregan. Son los que, mayoritariamente y a diferencia de la mayoría de los otros centros, públicos y concertados, no aplican de forma regular medidas contra la segregación escolar como la reducción de ratios.

"Esta preinscripción no es normal", ha explicado Segurola, porque se renuevan los conciertos educativos, y ha expresado que "garantizar una buena gestión pública es hacer que estos acuerdos de conciertos incluyan lo que dice la LEC o el Pacto contra la segregación: Que la concertada debe jugar de la misma manera que la pública".

De hecho, Segurola, que ha recordado cómo hace un año se hablaba de los 116 centros en riesgo de cerrar y la preocupación que generó la pérdida de peso de la red pública, se ha preguntado retóricamente "¿qué cambios ha habido en la última renovación de conciertos?", y ha reclamado cambios en un decreto obsoleto de hace más de treinta años. Los centros más elitistas son los que menos han bajado ratio, por eso ha interpelado a los diputados a preguntarse "¿cuántas concertadas corresponsables serán las únicas en bajar ratios?", mientras otros de su red no lo hacen.

Gobernar la concertada, ha concluido, "no es una cuestión ideológica sino de buena gestión pública", para garantizar que el dinero público que se destina a la educación sirve efectivamente para reducir la segregación escolar.

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